Nuestra obra de la Misericordia consiste en atender las necesidades de los que sufren allí donde se encuentren: alimentar a hambrientos, acoger a las personas sin techo, visitar a enfermos y a encarcelados. Pero la Misericordia también exige que se preste atención al pecado estructural y a las causas profundas de la pobreza y la injusticia, incluso la defensa de mejores políticas y leyes para apoyar a los más vulnerables.
Temas legislativos prioritarios:
- Clima
- Extractivismo
- Derechos de voto
- Violencia armada
- Políticas de la Administración sobre el trato a los inmigrantes
- Protección de la inmigración y vía de acceso a la ciudadanía
- Gasto del Pentágono
- Reforma de la justicia penal
He aquí un resumen de la legislación y las acciones que el Equipo de Justicia de la Misericordia está observando actualmente y fomentando la defensa, en particular en torno a los Asuntos Críticos.
Clima
El Equipo Justicia se unió a decenas de otros grupos laicos y religiosos para instar al presidente Biden a rechazar los permisos para más terminales de exportación de gas natural licuado (GNL), que están exacerbando la crisis climática y agravando la contaminación que sufren las comunidades de la costa del Golfo. El 26 de enero, el presidente anunció una pausa en la ejecución de estos proyectos para dar tiempo a examinar sus repercusiones económicas y medioambientales. El Equipo de Justicia se unió a otros para instar al presidente a considerar también los riesgos para la salud y a incluir oportunidades de participación pública significativa durante este período de revisión.
Extractivismo
El Equipo de Justicia está coordinando la defensa religiosa de la Ley de Bosques (FOREST Act), que prohibiría la importación de productos procedentes de la deforestación ilegal, especialmente carne de res, cacao, aceite de palma, caucho y soja. Casi 100 organizaciones religiosas firmaron una carta instando al Congreso a aprobar este proyecto de ley. El Equipo de Justicia y el personal de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos se han estado reuniendo con oficinas clave de la Cámara de Representantes y del Senado para animar a más coauspiciantes.
Derechos de voto
El 29 de febrero, el Senado de Estados Unidos reintrodujo la Ley John R. Lewis para Promover el Derecho al Voto. El proyecto de ley es una respuesta a una decisión de la Corte Suprema en 2013 que debilitó disposiciones clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965 que exigían a los estados con un historial de violación del derecho al voto obtener una autorización previa antes de aprobar nuevas leyes electorales. Desde entonces, muchos estados han implementado leyes restrictivas del voto que privan desproporcionadamente de sus derechos a los votantes negros, morenos, jóvenes y ancianos. Aunque este proyecto de ley tiene pocas probabilidades de ser aprobado este año, la coalición Faithful Democracy (Democracia Fiel), en la que participa el Equipo de Justicia, está trabajando para generar apoyo para su aprobación en el próximo Congreso.
Violencia armada
La Misericordia apoyó la recientemente aprobada legislación histórica destinada a la prevención de la violencia armada tras los tiroteos masivos en Búfalo y Uvalde. Este proyecto de ley ofrece intentos integrales de reforzar las leyes de armas del país en casi treinta años:
- fortalece la verificación de antecedentes de compradores de armas menores de 21 años
- proporciona $750 millones para ayudar a los estados a aplicar las leyes de Bandera Roja
- elimina el «vacío del novio» al desarmar abusadores, aunque no estén casados
- establece las primeras leyes federales contra el tráfico de armas a través de las fronteras estatales y las ventas con intermediario
- proporciona $250 millones para financiar programas de prevención de la violencia en la comunidad basados en evidencia
- amplía las medidas de seguridad escolar y los servicios de salud mental y su acceso en las comunidades y escuelas
Aunque celebramos esta victoria en la reducción de la violencia con armas de fuego en nuestras comunidades, continuamos abogando por medidas comprobadas que no fueron abordadas por esta legislación, incluyendo la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Pedimos al nuevo Congreso que prosiga sus esfuerzos de prevención de la violencia armada, abordando específicamente la violencia provocada por el acceso de civiles a armas de guerra de tipo militar.
Políticas de la Administración sobre el trato a los inmigrantes
Continúan las acciones en torno a instar al gobierno de Biden reformas que permitan un proceso de asilo seguro y justo en la frontera. En mayo se puso fin a la orden sanitaria Título 42 (que prohibía la entrada de inmigrantes en el país) y se establecieron nuevos procedimientos para procesar a los inmigrantes procedentes de determinados países con los que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas que permitan la deportación, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Otro nuevo procedimiento penaliza e impone una prohibición de cinco años a los migrantes que crucen entre puertos de entrada, y (de forma similar a la era Trump) exige a los migrantes que soliciten asilo en la frontera que demuestren que habían solicitado asilo en terceros países de camino a Estados Unidos.
Las acciones han conseguido instar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos países, pero se necesitan formas de protección más duraderas e inclusivas para quienes buscan refugio y establecen nuevas conexiones en Estados Unidos. Con Haití, el Departamento de Seguridad Nacional prorrogó y reasignó el Estatus de Protección Temporal para Haití, pero ha continuado los vuelos de deportación a Haití, incluso mientras el país se consumía en la violencia y el caos.
Protección de la inmigración y vía de acceso a la ciudadanía
Seguimos impulsando una legislación que proporcione protecciones permanentes para los inmigrantes —incluyendo una vía a la ciudadanía— para los beneficiarios de DACA (Soñadores), los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales y otros con estatus temporal. A menudo se trata de esfuerzos legislativos parciales, ya que no se espera que se aborde una reforma integral de la inmigración en la actual sesión del Congreso. Sin embargo, las acciones de la Misericordia han sido importantes, aunque de naturaleza defensiva, para detener la legislación introducida por algunos legisladores que impulsan una agenda antiinmigración extrema, utilizando a los inmigrantes como peones para anotarse puntos políticos. Algunos de estos miembros del Congreso se esforzaron por codificar en leyes las expulsiones masivas (incluido el Título 42), pero hasta ahora estos esfuerzos han sido derrotados. Está pendiente de votación a finales de julio la Ley «Escuelas, no refugios», que prohíbe que determinadas instalaciones escolares que reciben financiación federal se utilicen para alojar a ningún migrante.
Gasto del Pentágono
En consonancia con el compromiso de la Misericordia con la no violencia, abogamos por recortar el excesivo gasto militar y redirigir los fondos a programas que aborden las mayores amenazas a nuestra seguridad: el cambio climático, la falta de vivienda y atención sanitaria asequibles, la opresión racial sistémica y la creciente desigualdad económica. Los responsables políticos debatieron enérgicamente los recortes a los programas de necesidades humanas para evitar el impago económico mediante el aumento del techo de la deuda a principios de esta primavera, pero en estos debates no se consideró la posibilidad de recortar el presupuesto del Pentágono, a pesar de los informes sobre los precios abusivos, la incapacidad del Pentágono para superar una auditoría y el hecho de que la mitad de su presupuesto se destina a contratistas privados de armamento.
A principios de julio, la Cámara de Representantes votó a favor de autorizar el presupuesto de 886.000 millones de dólares de la Administración Biden en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act o NDAA) para el año fiscal 2023, y se espera que el Senado aborde esta legislación a finales de julio, antes de su receso de agosto. Esta cantidad es 28.000 millones de dólares más que el presupuesto del año en curso y ni siquiera incluye la ayuda militar de emergencia a Ucrania.
Los activistas de la Misericordia se unieron a otros grupos pacifistas y de justicia social para pedir un recorte del 10% en el presupuesto del Pentágono y destinar los recursos a atender las necesidades humanas, una iniciativa presentada como enmienda a la NDAA y como proyecto de ley independiente: Ley «El pueblo sobre el Pentágono» (People Over Pentagon). Aunque se trata de un reto arduo, este esfuerzo anual para recortar el 10% funciona como estrategia para conseguir que más miembros del Congreso añadan sus nombres como copatrocinadores de las reivindicaciones de «El pueblo sobre el Pentágono», creando impulso para los debates de años sucesivos.
Reforma de la justicia penal
El Equipo de Justicia ha pedido la aprobación de la Ley RESTORE, que derogaría la prohibición de por vida de recibir ayuda alimentaria a las personas con condenas por delitos graves en su historial. El Equipo de Justicia también se ha unido a sus socios religiosos para abogar por el fin de la práctica del aislamiento en prisiones y centros de detención de inmigrantes, tanto a nivel federal como estatal.